
En una decisión polémica que ha vuelto a poner bajo la lupa la conducta de la realeza, el príncipe Andrés organizó una visita privada al Palacio de Buckingham para empresarios del sector de las criptomonedas vinculados a un fallido acuerdo de 1,4 millones de libras relacionado con su exesposa, Sarah Ferguson. La duquesa de York recibió más de 200 000 libras por su labor como embajadora de marca de Pegasus Group Holdings, una compañía de Arizona que prometía revolucionar la minería de Bitcoin mediante operaciones alimentadas por energía solar en el desierto. Sin embargo, la ambiciosa iniciativa colapsó en menos de un año desde su lanzamiento, dejando a numerosos inversores con importantes pérdidas económicas. Estas revelaciones salen a la luz en un momento especialmente delicado, ya que el Palacio de Buckingham ha iniciado recientemente procedimientos formales para despojar al príncipe Andrés de sus últimos títulos y privilegios reales, incluida su residencia en Windsor. El incidente plantea cuestiones fundamentales sobre los límites entre el estatus real y las actividades comerciales privadas, especialmente cuando estas iniciativas involucran sectores emergentes y volátiles como el de las criptomonedas.
La controvertida visita al palacio tuvo lugar en junio de 2019, mientras la reina Isabel II residía en el Palacio de Buckingham, lo que añade inquietud sobre la conveniencia del encuentro. Los empresarios en el centro de la polémica, Jay Bloom y Michael Evers, cofundadores de Pegasus Group Holdings, recibieron un acceso extraordinario a una de las residencias reales más emblemáticas del Reino Unido. Fueron conducidos por las puertas del palacio en el vehículo personal del duque de York, un privilegio reservado habitualmente a invitados oficiales y dignatarios, y más tarde ese mismo día participaron en el evento Pitch@Palace, organizado por Andrés. Esta iniciativa empresarial, impulsada por el príncipe, estaba concebida para apoyar a emprendedores y startups, pero su conexión con el acuerdo de Pegasus ha generado dudas sobre posibles conflictos de interés.
Sarah Ferguson, pese a su divorcio, mantuvo una estrecha relación con el príncipe Andrés y desempeñó un papel clave en el proyecto Pegasus como embajadora oficial de la marca. La noche de la visita al palacio, se unió a Bloom y Evers en una cena privada junto al príncipe Andrés y su hija, la princesa Beatriz, difuminando aún más la frontera entre los encuentros familiares reales y las oportunidades de networking empresarial. La presencia de la princesa Beatriz en esa cena también ha sido criticada, ya que sugiere la implicación de varios miembros de la familia real en lo que era, fundamentalmente, una relación comercial privada.
Pegasus Group Holdings se presentó como un actor innovador en el sector de la minería de criptomonedas, afirmando estar desarrollando una operación de minería de Bitcoin a gran escala alimentada íntegramente por energía solar en el desierto de Arizona. El argumento de la compañía hacía hincapié en la sostenibilidad medioambiental y en el potencial de generar rendimientos significativos, atrayendo inversores mediante promesas de tecnología avanzada e integración de energías renovables.
Sin embargo, la realidad quedó muy lejos de esas promesas. En apenas un año de actividad, el proyecto colapsó, dejando a los inversores con millones de libras en pérdidas y constatando que sus inversiones prácticamente se habían evaporado.
Documentos judiciales surgidos durante los posteriores procedimientos legales revelaron el alcance del fracaso del proyecto. De los 16 000 generadores solares que Pegasus había prometido instalar, solo se adquirieron y montaron 615. Este enorme déficit de infraestructura implicó que la operación apenas generó 25 000 libras en Bitcoin en todo su periodo operativo, una cantidad que representa solo una pequeña fracción de los retornos prometidos a los inversores. La brecha entre las proyecciones de la empresa y sus logros reales se convirtió en eje central de las disputas legales posteriores.
Inversores estadounidenses, al sentirse engañados y gravemente perjudicados por el fracaso del proyecto, demandaron a Pegasus Group Holdings. Sus acciones culminaron en un laudo arbitral de 4,1 millones de dólares, tras demostrar que la empresa había hecho un uso indebido de los fondos de los inversores y no cumplió sus compromisos esenciales. El panel arbitral halló pruebas de que Pegasus no asignó correctamente los recursos para construir la infraestructura de minería prometida. Jay Bloom, uno de los cofundadores, está apelando actualmente esa decisión, alegando que las dificultades de la empresa se debieron a desafíos técnicos y de mercado imprevistos, y no a mala gestión o mal uso de fondos.
Los documentos obtenidos en la investigación de la BBC revelaron los importantes acuerdos económicos entre Sarah Ferguson y Pegasus Group Holdings. Ferguson recibió más de 200 000 libras como embajadora de marca, puesto que consistía principalmente en aportar su estatus cercano a la realeza y su notoriedad pública para impulsar la imagen de la empresa y atraer inversores. El contrato incluía previsiones de un bonus adicional de 1,2 millones de libras, además de acciones en la compañía, lo que muestra el potencial lucrativo del acuerdo si el proyecto hubiera prosperado. También contemplaba alojamiento en hoteles de cinco estrellas, viajes en primera clase y servicios profesionales de estilismo para sus apariciones públicas como embajadora.
Es relevante que el acuerdo de Ferguson con Pegasus contenía una cláusula que la eximía de responsabilidad por verificar o respaldar las afirmaciones técnicas de la empresa sobre sus capacidades de minería de Bitcoin o la viabilidad del modelo de negocio. Esta protección legal parecía pensada para evitarle futuras responsabilidades si las promesas de la empresa resultaban infundadas, como finalmente ocurrió. Sin embargo, los críticos sostienen que este acuerdo permitió a Ferguson beneficiarse de su asociación con el proyecto sin asumir responsabilidad por sus fracasos, lo que plantea cuestiones éticas sobre el papel de los embajadores de marca de alto perfil, especialmente quienes tienen vínculos con la familia real.
Estas revelaciones han reavivado viejas preocupaciones sobre los negocios financieros tanto del príncipe Andrés como de Sarah Ferguson, así como sobre la compleja relación entre su estatus real y sus actividades comerciales privadas. La pareja ha sido objeto de reiterado escrutinio por diversas relaciones y acuerdos empresariales que, según los críticos, aprovechan de forma indebida sus vínculos reales para beneficio personal. El caso Pegasus representa quizá el ejemplo más llamativo de este patrón, al implicar el uso del propio Palacio de Buckingham como escenario para forjar relaciones empresariales vinculadas a un proyecto que terminó fracasando y perjudicando a los inversores.
El momento de estas revelaciones ha resultado especialmente perjudicial para el príncipe Andrés, ya que el Palacio de Buckingham ha confirmado recientemente que se están dando pasos formales para retirarle sus últimos títulos y su residencia en Windsor. Esta medida se produce en un contexto de continuo escrutinio sobre sus relaciones pasadas, en especial su vínculo con el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein, que dañó gravemente su reputación y motivó su retirada de las funciones públicas reales. El escándalo cripto de Pegasus añade otra dimensión a la preocupación por el criterio de Andrés y su uso de privilegios reales para fines que muchos consideran impropios.
Jay Bloom, cofundador de Pegasus, ha abordado públicamente algunos aspectos de la visita al palacio, negando que él o su socio se reunieran con la difunta reina Isabel II durante su estancia en Buckingham. No obstante, admitió haber agradecido tanto al príncipe Andrés como a Sarah Ferguson la organización de la exclusiva visita a la histórica residencia. Esta admisión confirma que la visita fue orquestada por el matrimonio real en el marco de su relación con los ejecutivos de Pegasus, lo que refuerza la preocupación por la mezcla inapropiada de acceso real y negocios privados. El incidente sigue alimentando el debate sobre la necesidad de normas más claras y de una aplicación más estricta sobre las actividades comerciales de los miembros de la familia real y el uso de propiedades y privilegios reales.
La transacción involucró al príncipe Andrés y al empresario chino Yang Tengbo en un acuerdo de 1,4 millones de libras que plantea inquietudes sobre posible influencia política e interferencia en la política británica. Los detalles sobre la implicación concreta de criptomonedas siguen siendo limitados y están bajo investigación.
La implicación de la realeza en actividades cripto plantea dudas de cumplimiento respecto a las leyes de sanciones financieras del Reino Unido. Las empresas cripto han reportado de forma insuficiente infracciones desde 2022. Este tipo de actividades requiere una adhesión estricta a la normativa vigente y puede estar sujeta a supervisión por parte de las autoridades.
Esta transacción dañó notablemente la reputación del príncipe Andrés y proyectó una sombra negativa sobre la imagen de la familia real. Se puso en entredicho la confianza pública en la gestión financiera de la realeza, generando dudas sobre la responsabilidad institucional y los estándares de gobernanza de la monarquía.
El Palacio de Buckingham acoge eventos sobre criptomonedas para mostrar apoyo a nuevas tecnologías y fomentar la innovación. Estas actividades atraen talento internacional y promueven el intercambio y desarrollo tecnológico.
Este evento evidencia una creciente apertura de las instituciones tradicionales de poder hacia el sector cripto. El compromiso a alto nivel indica aceptación y reconocimiento de la importancia económica de las criptomonedas en ámbitos institucionales.











