

La Operación Destabilise marcó un hito en la comprensión de los mecanismos modernos de lavado de dinero que vinculan las criptomonedas con el crimen organizado. Esta operación internacional conllevó 128 arrestos y la incautación de más de 25 millones de libras (33 millones de dólares) en efectivo y criptomonedas solo en Reino Unido, exponiendo la sofisticación de la infraestructura detrás del lavado de dinero basado en activos digitales.
Las redes Smart y TGR funcionaban como cámaras de compensación ilegales, gestionando sistemas complejos que recogían efectivo en un país y liberaban el valor equivalente en otra jurisdicción. Aprovechaban la stablecoin de Tether para aportar liquidez masiva, permitiendo transferencias transfronterizas que los bancos tradicionales bloquearían o señalarían. Este modelo resultaba especialmente atractivo para organizaciones criminales, ya que fusionaba el anonimato del efectivo con la velocidad y el alcance global de los activos digitales.
Estos grupos criminales con grandes reservas en criptomonedas se especializaban en convertir dinero procedente de actividades ilegales, como el narcotráfico y el tráfico de armas, en activos digitales legítimos. El proceso incluía múltiples capas de ocultación, lo que complicaba enormemente el rastreo del origen de los fondos para las autoridades. Cuando el dinero se convertía en criptomonedas, había atravesado numerosas billeteras y plataformas intermedias, rompiendo la cadena de evidencia.
La clientela de estas redes era sorprendentemente diversa, desde el canal sancionado Russia Today en Reino Unido hasta el conocido clan criminal Kinahan. Las redes demostraban gran flexibilidad al facilitar prácticamente cualquier actividad ilícita mediante transferencias internacionales sin fricciones. Esta versatilidad las hacía imprescindibles tanto para operaciones estatales como para organizaciones criminales convencionales.
"Con este método de lavado, ahora podemos conectar el dinero del tráfico local de drogas con el crimen organizado global, la geopolítica y acciones patrocinadas por estados", afirmó Sal Melki, subdirector de delitos económicos en la NCA. Esta declaración resalta cómo el lavado de dinero con criptomonedas ha generado vínculos inéditos entre ecosistemas criminales antes independientes.
Las redes operaban en varios niveles del lavado internacional de dinero, desde la recogida de efectivo de la venta de drogas en la calle hasta la compra de bancos y la violación de sanciones globales en la cúspide. Este enfoque escalonado les permitía atender a clientes con necesidades y perfiles de riesgo muy diversos, consolidándose como solución integral para el lavado de dinero criminal.
Más allá de la operación en Reino Unido, los servicios de inteligencia rusos han incrementado el uso de Bitcoin y otras criptomonedas para financiar operaciones encubiertas en Europa, mostrando cómo los actores estatales han adoptado medios digitales de pago para actividades de espionaje. Este cambio supone una evolución relevante en las prácticas financieras de agencias de inteligencia en la era digital.
En 2024, una investigación de Reuters junto con firmas de forensia blockchain como Global Ledger y Recoveris reveló cómo el Servicio Federal de Seguridad (FSB) empleaba sistemáticamente criptomonedas para financiar operaciones de espionaje. El informe desveló una estructura de pagos sofisticada, que incluyó el reclutamiento del joven canadiense Laken Pavan tras ser detenido en Donetsk, ilustrando la captación de individuos vulnerables por parte de agencias de inteligencia.
Pavan recibió algo más de 500 dólares en Bitcoin durante su estancia en Copenhague, antes de huir a Polonia, donde se entregó y fue condenado a 20 meses de prisión. Aunque la suma parece modesta, corresponde a la estructura de pago habitual para agentes de bajo rango en operaciones de inteligencia. El uso de Bitcoin permitió al FSB realizar el pago sin la supervisión bancaria tradicional y el control de las transferencias internacionales.
Analistas de blockchain rastrearon el pago a través de varias billeteras intermedias hasta una principal creada en junio de 2022, que ha gestionado más de 600 millones de dólares en Bitcoin. Este hallazgo demostró la enorme escala de las operaciones del FSB con criptomonedas, con transacciones canalizadas por la plataforma rusa sancionada Garantex y otros servicios diseñados para sortear sanciones internacionales. El historial de operaciones de la billetera ofreció una visión única sobre la infraestructura financiera que sostiene la inteligencia rusa.
El análisis de Global Ledger reveló que las transacciones desde billeteras vinculadas al FSB seguían patrones de lavado muy estructurados y operaban exclusivamente en horario laboral de Moscú. Esta pauta operativa aportó pruebas esenciales para asociar las billeteras a actores estatales rusos, ya que la regularidad horaria sugiere un control institucional de los fondos.
Recoveris detectó una red de 161 direcciones de Bitcoin relacionadas con el FSB, con cientos de transacciones entre las 6:00 y las 18:00 (hora de Moscú). Esta pauta temporal se convirtió en herramienta clave para identificar actividad cripto patrocinada por estados, evidenciando cómo los patrones operativos pueden revelar a los gestores detrás de transacciones anónimas en blockchain.
En operaciones recientes, reguladores canadienses descubrieron que empresas de intercambio no registradas facilitan grandes transacciones de efectivo a cripto sin verificación de identidad, entregando hasta 1 millón de dólares en efectivo no rastreable. Este hecho expuso una vulnerabilidad grave en la regulación norteamericana de criptomonedas, donde operadores no autorizados pueden mover grandes sumas sin activar controles contra el lavado de dinero.
La expansión de las redes de lavado de criptomonedas preocupa cada vez más a las fuerzas de seguridad globales, dado que la infraestructura de estas operaciones gana en sofisticación y escala. La proliferación de cajeros automáticos de cripto y servicios de intercambio no regulados ha abierto nuevas brechas en el sistema financiero.
A principios de 2025, fiscales federales acusaron a Firas Isa, fundador de Crypto Dispensers en Chicago, de conspiración para el lavado de dinero por mover al menos 10 millones de dólares en beneficios de fraude y drogas mediante terminales cripto entre 2018 y 2025. Este caso ejemplifica cómo negocios cripto aparentemente legales pueden servir de tapadera para grandes operaciones de lavado de dinero. La operación de siete años reveló la persistencia de estos grupos criminales y los retos para detectarlos.
La acusación llegó cuando el FBI informó de un aumento drástico de denuncias relacionadas con cajeros automáticos de cripto: casi 11 000 incidentes en 2024 y pérdidas superiores a 246 millones de dólares. Este incremento refleja tanto la popularidad de los cajeros automáticos de cripto como su uso por redes delictivas. La capacidad de estas máquinas para facilitar transacciones anónimas y de alto valor las hace especialmente atractivas para el lavado de dinero.
En paralelo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) sancionó a ocho individuos y dos entidades norcoreanas por blanquear fondos de ciberrobos y ejecutar un esquema de trabajadores IT. Las sanciones citan más de 3 000 millones de dólares robados en tres años, principalmente en criptomonedas, y evidencian cómo actores estatales de varios países han adoptado estos activos para fines ilícitos. Las operaciones norcoreanas se centraron en eludir sanciones internacionales mediante canales cripto.
Estas designaciones bloquean activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíben operaciones con partes incluidas en las listas, imponiendo estrictos requisitos de cumplimiento a las empresas de criptomonedas para frenar los flujos vinculados a nombres o direcciones sancionadas. Estas medidas reflejan la tendencia de los reguladores de recurrir a herramientas tradicionales para combatir el lavado de dinero con criptomonedas, aunque su eficacia está limitada por la naturaleza transfronteriza de la tecnología blockchain.
Ekaterina Zhdanova, figura central en la investigación británica, fue sancionada por EE. UU. en 2023 tras constatarse que transfirió más de 100 millones de dólares de un oligarca a Emiratos Árabes Unidos. Su caso ilustra el carácter internacional del lavado de dinero con criptomonedas, donde los operadores atienden a clientes en distintas jurisdicciones mientras residen en países con escasa cooperación policial occidental.
Zhdanova lleva más de un año en prisión preventiva en Francia, acusada en un caso independiente, mientras la NCA ha detenido a 45 presuntos blanqueadores en menos de 12 meses e incautado 5,1 millones de libras en efectivo. Estas acciones demuestran una mayor cooperación internacional contra el lavado de dinero facilitado por criptomonedas, si bien las detenciones son solo una pequeña parte de los implicados en estas redes. Las investigaciones indican que las autoridades buscan desmantelar la infraestructura que sostiene estas operaciones, más allá de casos individuales.
La policía británica identificó el esquema analizando transacciones en la cadena de bloques y rastreando flujos sospechosos de fondos digitales hacia operativos rusos conocidos. Herramientas forenses avanzadas vincularon direcciones de billeteras con actividades ilícitas de lavado de dinero, desvelando la red usada para financiar el espionaje.
Se emplearon Bitcoin y Ethereum en operaciones escalonadas a través de diversas billeteras. Los fondos ilegales se convirtieron mediante intercambios entre particulares, se mezclaron con servicios de tumbling y se movieron por protocolos descentralizados para ocultar el rastro y disimular el origen de la financiación rusa.
Las criptomonedas permiten transacciones rápidas y sin fronteras con pseudonimato, carecen de supervisión centralizada, presentan menos barreras regulatorias y dificultan el rastreo de movimientos. Todo ello las hace atractivas para actividades ilícitas frente a bancos tradicionales altamente regulados.
Los gobiernos aplican normas AML/KYC, monitorización blockchain, congelación de activos y cooperación internacional bajo directrices del GAFI. Establecen marcos de licencias cripto, refuerzan la vigilancia de operaciones y procesan casos de lavado para combatir la financiación ilícita.
El incidente puede aumentar el escrutinio regulatorio sobre plataformas cripto, forzando requisitos de cumplimiento más estrictos. Los usuarios legítimos afrontarán procesos KYC reforzados y mayor vigilancia de sus operaciones. A corto plazo, la confianza podría disminuir, pero a largo plazo la adopción crecerá a medida que mejoren los estándares, beneficiando a proyectos regulados e inversores serios.
Destacan el lavado de fondos del hackeo de Sony por Lazarus de Corea del Norte mediante plataformas de criptomonedas, los pagos en Bitcoin por agentes del FSB ruso para financiar espionaje, grupos APT chinos que convierten activos robados con monedas de privacidad y entidades vinculadas al IRGC iraní que mueven fondos para evasión de sanciones por protocolos descentralizados.
Las plataformas aplican protocolos KYC/AML, sistemas de monitorización de operaciones, control de billeteras, reporte de actividades sospechosas y herramientas de análisis blockchain para identificar y bloquear operaciones ilícitas, cumpliendo con los requisitos regulatorios.











