

En un debate político relevante, el alto funcionario del Kremlin, Maxim Oreshkin, ha propuesto que la minería de criptomonedas se reconozca y contabilice formalmente como una modalidad de exportación en las cuentas oficiales del comercio ruso. Durante el foro de inversión Russia Calling!, Oreshkin argumentó que grandes volúmenes de activos digitales minados fluyen efectivamente al extranjero, aunque nunca crucen físicamente una frontera en el sentido tradicional.
Oreshkin destacó que la industria minera de criptomonedas genera "sumas enormes" de ingresos que actualmente quedan fuera de los marcos estadísticos oficiales. Pese a esta omisión en los registros, estas actividades tienen un impacto directo en el mercado de divisas y en la balanza de pagos nacional. El funcionario definió el sector como un "nuevo rubro de exportación" que el país "no valora adecuadamente" en sus evaluaciones económicas actuales.
Rusia legalizó oficialmente la minería de criptomonedas el 1 de noviembre de 2024, marcando un punto de inflexión en la política nacional sobre activos digitales. Desde entonces, el sector ha crecido de forma sustancial, y Oreshkin defiende que, dado que las criptomonedas pueden emplearse para pagar importaciones a través de canales alternativos, esas operaciones deben contabilizarse correctamente al medir los flujos comerciales y la dinámica cambiaria.
La magnitud de la minería en Rusia ya es considerable y relevante para la economía nacional. Expertos del sector han aportado estimaciones concretas que ilustran la importancia estratégica de esta actividad. Oleg Ogienko, director ejecutivo de Via Numeri Group, estima que la producción rusa de activos proof-of-work en periodos recientes podría alcanzar "decenas de miles" de Bitcoins anualmente. De forma más precisa, Sergey Bezdelov, presidente de la Industrial Mining Association, cifra la producción en aproximadamente 55 000 BTC en 2023 y cerca de 35 000 BTC el año siguiente, atribuyendo el descenso al halving de la red de Bitcoin, que redujo las recompensas para los mineros.
El impacto en los ingresos de estas operaciones mineras es igualmente relevante. Mikhail Brezhnev, cofundador del proveedor minero 51ASIC, estima que los ingresos diarios generados por la minería en todo el país rondan los 1 000 millones de rublos. Esta cifra está directamente vinculada al peso de Rusia en el poder computacional global y a la cotización de Bitcoin. Brezhnev señala que, como las monedas extraídas pueden emplearse directamente para pagar importaciones y facilitar transacciones transfronterizas, el argumento para registrar estos flujos en las estadísticas oficiales de comercio resulta claro y económicamente justificado.
Con la normativa vigente, el marco de supervisión se ha endurecido considerablemente. Las personas jurídicas y los empresarios individuales deben inscribirse en el Servicio Fiscal Federal para operar legalmente en minería. A su vez, los proveedores de hosting deben figurar en un registro específico gestionado por las autoridades. Los mineros domésticos disponen de una exención limitada del registro, pero solo si su consumo eléctrico es inferior a 6 000 kWh al mes. Sin embargo, todos los ingresos derivados de la minería deben declararse, independientemente del estado de registro.
La fiscalidad sobre la minería de criptomonedas ha quedado claramente definida bajo el nuevo marco regulatorio. Las empresas mineras tributan a un tipo del 25 % sobre sus ingresos, mientras que los mineros individuales se acogen a tipos progresivos entre el 13 % y el 22 %, en función de su renta total. Los mineros no residentes que operan en territorio ruso tributan a un tipo fijo del 30 %, reflejando el enfoque estatal hacia la participación extranjera en el sector.
Pese al establecimiento de un marco legal para la minería de criptomonedas, una investigación reciente de medios rusos ha expuesto una importante economía sumergida que le cuesta al país millones de dólares cada año. Según la cadena Ren TV, las operaciones ilegales y semi-legales de minería de criptomonedas drenan recursos sustanciales mediante el robo de electricidad y el impago de impuestos, generando pérdidas de miles de millones de rublos al presupuesto estatal.
El problema principal reside en que numerosos mineros rehúsan registrar sus actividades ante las autoridades. Así eluden tarifas eléctricas altas y obligaciones fiscales, desplazando buena parte del sector hacia la clandestinidad. Esta falta de cumplimiento ha dado lugar a una economía paralela fuera del control regulatorio, que consume recursos públicos sin aportar ingresos al Estado.
Si bien el marco legal ruso autoriza la minería industrial de criptomonedas y reconoce a los operadores inscritos, la tasa de cumplimiento entre los mineros de menor tamaño sigue siendo baja. Grandes firmas como BitRiver e Intelion han optado por trabajar dentro del sistema legal, registrando sus operaciones y pagando los impuestos y tarifas eléctricas exigidos. Sin embargo, muchos operadores independientes han seguido una vía distinta, y los investigadores los acusan de recurrir a métodos ilegales para reducir costes.
Entre estas prácticas ilícitas figuran la manipulación de contadores para subdeclarar el consumo eléctrico, sobornos a empleados de las compañías energéticas para que pasen por alto irregularidades, y acuerdos secretos con trabajadores para asegurar trato preferencial. Estas actividades no solo privan al Estado de ingresos fiscales, sino que crean ventajas competitivas injustas para los operadores ilegales frente a los negocios que cumplen la normativa.
Las consecuencias de esta economía minera clandestina superan la mera pérdida de recaudación pública. En las regiones afectadas, hogares y empresas legítimas asumen el coste de la electricidad sustraída a través de tarifas más elevadas. Cuando los mineros ilegales sustraen energía de la red sin pagarla, el déficit se compensa normalmente con subidas de precios a los consumidores legales. Esto genera un perverso sistema de incentivos, donde la ilegalidad es sufragada por ciudadanos y empresas honestas, lo que socava tanto el estado de derecho como la equidad económica en el sector de la minería de criptomonedas.
Rusia contabiliza la minería de criptomonedas como exportación para reconocer su valor económico y la generación de divisas. Los beneficios incluyen legitimar el sector, atraer inversiones, incrementar los indicadores del PIB y aprovechar los abundantes recursos de energía renovable para obtener ventajas competitivas en la minería a escala global.
Incluir la minería de criptomonedas en las estadísticas de exportación incrementará notablemente el PIB reportado y los ingresos por exportaciones de Rusia. Esta reclasificación convierte una actividad económica oculta en datos oficiales, aumentando potencialmente las exportaciones visibles en miles de millones anuales. Mejora los indicadores económicos y pone en valor la capacidad productiva antes no registrada en el mercado internacional.
Rusia se sitúa entre los principales polos mundiales de minería de criptomonedas gracias a la abundancia de energía hidroeléctrica en Siberia, los bajos costes eléctricos y el clima frío, que reduce los gastos de refrigeración. Estas condiciones hacen que Rusia sea especialmente competitiva para la minería a gran escala.
Sí. Reconocer oficialmente la minería de criptomonedas como exportación legítima puede reforzar la credibilidad internacional de Rusia, facilitar el levantamiento de sanciones y atraer inversiones institucionales. Sin embargo, los países occidentales podrían responder con regulaciones más estrictas para contrarrestar este movimiento estratégico.
La clasificación oficial de la minería como exportación puede suponer incentivos fiscales, una regulación más clara y posibles subvenciones para el sector. Sin embargo, podrían establecerse mayores exigencias de cumplimiento, licencias obligatorias y controles de exportación, lo que impactaría en los costes operativos y en la estructura de negocio, tanto para particulares como para empresas.











