

El Senado de Estados Unidos ha pospuesto la deliberación final de un destacado proyecto de ley sobre la estructura del mercado cripto hasta principios de 2026, prolongando la incertidumbre regulatoria en los mercados de activos digitales. Los legisladores alegaron disputas jurisdiccionales pendientes y desacuerdos sobre la supervisión de DeFi y la protección al consumidor como principales razones del aplazamiento.
Los negociadores del Senado no lograron consensuar antes de cerrar la sesión legislativa. Los principales obstáculos fueron decidir qué agencia federal debe supervisar los mercados spot de criptoactivos y cómo regular los protocolos descentralizados sin intermediario central.
Las comisiones encargadas de la regulación de valores y materias primas discreparon respecto al reparto de competencias entre la Securities and Exchange Commission (SEC) y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Estas tensiones jurisdiccionales, sumadas a la presión de defensores de consumidores y representantes del sector, impidieron a los negociadores cerrar un acuerdo de compromiso a tiempo.
El proyecto busca aportar claridad legal sobre la clasificación y supervisión de activos digitales. Sus principales objetivos son:
Sus defensores sostienen que estas medidas reducirían la ambigüedad legal que ha provocado una aplicación fragmentada y prácticas de mercado inconsistentes.
La regulación de las finanzas descentralizadas sigue siendo un punto de conflicto. Algunos legisladores y agentes sectoriales defienden excepciones o un tratamiento específico para protocolos sin intermediario de control, apelando a la propia naturaleza de la gobernanza distribuida.
Los detractores advierten que exenciones amplias generarían vacíos de supervisión y debilitarían la protección de los inversores, sobre todo tras varios fracasos de plataformas relevantes en los últimos años. Representantes de consumidores e inversores se han opuesto a disposiciones que perciben como debilitamiento del control.
El aplazamiento prolonga la incertidumbre para todo tipo de actores. A continuación, los efectos previstos a corto y medio plazo para los principales participantes.
El retraso se produce en un contexto de tendencias recientes que han intensificado la presión regulatoria:
Estas dinámicas han incrementado la presión sobre los legisladores para crear un marco coherente, pero también han complicado las negociaciones por la concurrencia de prioridades.
Las decisiones legislativas de EE. UU. suelen influir en los modelos regulatorios internacionales. Un marco federal claro podría:
Por el contrario, la incertidumbre en EE. UU. podría acelerar el avance regulatorio en otras jurisdicciones, propiciando traslados o estrategias de doble cotización por parte de empresas que buscan certidumbre.
Los legisladores prevén retomar el debate del proyecto de ley a principios de 2026. La siguiente fase se centrará probablemente en:
Los actores del mercado deben prepararse para enmiendas sucesivas y posibles fórmulas de compromiso para lograr mayor apoyo.
Con el calendario ampliado, las organizaciones pueden aprovechar el retraso para reforzar su preparación y resiliencia:
De cara al futuro, pueden plantearse distintos escenarios:
Inversores y participantes deben considerar tanto riesgos regulatorios como macroeconómicos en su posicionamiento hasta 2026.
La decisión del Senado de posponer el proyecto de ley sobre la estructura del mercado cripto hasta principios de 2026 prolonga la incertidumbre, pero también da tiempo extra para que los actores influyan en el texto legislativo final. La capacidad de la futura ley para aportar la claridad que muchos participantes esperan dependerá de cómo los legisladores concilien intereses jurisdiccionales, prioridades de protección al consumidor y las particularidades de los protocolos descentralizados.
Para los participantes del mercado, lo más prudente es aprovechar este intervalo para fortalecer marcos de cumplimiento y gestión de riesgos, participar activamente en consultas y prepararse para escenarios regulatorios diversos. Unas reglas legales claras serían un hito para la industria de activos digitales; no obstante, el camino hacia esa certidumbre seguirá siendo complejo y politizado hasta 2026.
El Senado de EE. UU. aplazó la votación del proyecto de ley sobre el mercado de criptomonedas por la persistente incertidumbre regulatoria y la proximidad de las elecciones de mitad de mandato. Este retraso ha generado inquietud entre los inversores por el avance de la regulación de activos digitales.
El texto propone un marco regulatorio integral para activos digitales. Bajo el liderazgo de la senadora Cynthia Lummis, busca definir reglas claras de supervisión para los mercados cripto y estaba previsto para su aprobación antes de finales de 2025.
El retraso del proyecto de ley sobre el mercado cripto por parte del Senado aumenta la incertidumbre regulatoria y puede dificultar el crecimiento empresarial y el cumplimiento normativo. Esto puede ralentizar la innovación, reducir inversiones y debilitar la posición competitiva de EE. UU. en los mercados cripto globales.
Estados Unidos mantiene una posición regulatoria equilibrada, fomentando la innovación y aplicando controles para prevenir fraude y blanqueo. La administración Trump propuso la creación de una reserva nacional de Bitcoin, mientras que la SEC ha evolucionado desde una supervisión estricta hacia políticas más favorables a la innovación, aprobando ETFs de criptomonedas y actuando contra fraudes.
Se prevé que el proyecto se someta de nuevo a votación alrededor de las 19:00 (hora del Este) el miércoles por la noche. El horario podría variar según el esfuerzo por lograr respaldo demócrata suficiente.
El mercado cripto reaccionó con fuerza ante el retraso. La demora en la publicación de datos y la reducción de expectativas de recorte de tipos por parte de la Fed debilitaron notablemente las previsiones de liquidez, aumentando la preocupación de los operadores y la volatilidad del mercado.
La nueva ley impondrá requisitos de cumplimiento más estrictos a los emisores de stablecoins, exigirá reservas en USD 1:1 y limitará la emisión de stablecoins por parte de grandes tecnológicas. Esto reforzará la supervisión, consolidará la competencia y puede reducir el volumen de plataformas no conformes, beneficiando a los operadores que cumplen la normativa.











