La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) tenía un noble objetivo en mente cuando elaboró el nuevo Marco de Reporte de Activos Cripto (CARF). El nuevo estándar allana el camino para compartir datos en 75 jurisdicciones para prevenir la evasión fiscal en criptomonedas.
En Alemania, esto significaría pasar de un reporte fiscal voluntario a uno automático. Traería mayor transparencia al mercado a costa de un mayor escrutinio de las actividades de los usuarios de criptomonedas.
Alemania es uno de los 48 países programados para participar en la fase inicial de la aplicación de CARF en 2027. Sin embargo, informes indican que el país, junto con otros participantes, ya ha ordenado la recopilación de datos a proveedores de servicios cripto en sus respectivas jurisdicciones desde este año, en preparación para la implementación de los nuevos estándares.
ANUNCIO## La transición de Alemania en el reporte fiscal de criptomonedas
A lo largo de los años, los inversores en criptomonedas en el país han ejercido la divulgación voluntaria para evitar posibles enjuiciamientos bajo la Sección 379 del Código Fiscal Alemán. El nuevo marco legal, alineado con el CARF de la OECD, ahora los somete a un reporte automático a las autoridades fiscales, transmitiendo instantáneamente sus datos para reducir la brecha entre reporte y cumplimiento.
La nueva medida emula el mismo entorno que los reguladores y las autoridades fiscales aplican a las finanzas tradicionales (TradFi). Por lo tanto, ahora difumina gradualmente la distinción entre los mercados de cripto o finanzas descentralizadas (DeFi) y las finanzas tradicionales.
Según Bitget, las nuevas directrices de reporte de los intercambios de cripto, corredores, cajeros automáticos de cripto y proveedores de billeteras incluirán los siguientes datos:
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Muchos consideran que los estándares de reporte automático son una invasión agresiva a los elementos de descentralización y anonimato que atrajeron a las personas a Web3 en primer lugar. Otros han señalado la carga adicional que impone a los proveedores de servicios de activos digitales, requiriéndoles invertir en sistemas extensos de automatización y gestión de datos para estar listos para auditorías.
Además, los críticos argumentan que el marco está profundamente defectuoso. Advirtieron que los países en desarrollo tienen una capacidad limitada para adaptarse e implementar las reglas de manera efectiva, destacando que los mecanismos generalmente favorecen las demandas de los países desarrollados.
Por otro lado, los defensores de la medida dicen que es necesario para que los gobiernos optimicen los ingresos mediante una recaudación fiscal efectiva. Además, añade una capa adicional de protección contra las finanzas ilícitas, incluyendo el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
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