Estados Unidos confiscan más de 4 mil millones de dólares en activos relacionados con Helix, poniendo fin a la condena por lavado de dinero. La legalidad de las herramientas de mixing, la responsabilidad de los desarrolladores y los límites de privacidad vuelven a ser temas de debate en Washington.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha completado oficialmente una operación de confiscación de criptomonedas de gran escala. En relación con el servicio de mixing Helix, que desempeñó un papel clave en el lavado de dinero en la dark web, el gobierno de EE. UU. ha obtenido la propiedad final de activos por valor de más de 4 mil millones de dólares.
El jueves, el DOJ emitió un comunicado en el que indica que la semana pasada el tribunal emitió una orden final de confiscación, confirmando que el gobierno puede recibir y disponer legalmente de las criptomonedas, bienes raíces y cuentas financieras previamente incautados, todos relacionados con las operaciones y actividades de lavado de dinero de Helix.
Las investigaciones muestran que, entre 2014 y 2017, Helix manejó al menos 354,468 bitcoins. Los principales usuarios del servicio eran aquellos que intentaban ocultar el origen ilícito de sus fondos, incluyendo las ganancias de transacciones en mercados negros en la dark web.
Se denomina “mix de criptomonedas” o “servicio de mixing” a las herramientas que mezclan múltiples transacciones de criptomonedas para difuminar intencionadamente el flujo de fondos. Aunque se usan para mejorar la privacidad, también se convierten en caldo de cultivo para el lavado de dinero y la transferencia ilegal de fondos.
El cerebro detrás de Helix, Larry Dean Harmon, admitió en agosto de 2021 su participación en delitos de lavado de dinero. Tras años de litigios, en noviembre de 2024 fue condenado a 3 años de prisión, y tras cumplir la condena, deberá someterse a supervisión en libertad condicional.
Con la resolución del caso Helix, la posición legal y los límites regulatorios de las herramientas de mixing vuelven a ser temas centrales en el debate de políticas en Washington.
En diciembre del año pasado, el presidente Donald Trump expresó públicamente que estaba evaluando si otorgar un indulto a Keonne Rodriguez, cofundador de Samourai Wallet, condenado por lavado de dinero y operación sin licencia de servicios de transmisión de moneda, y que en noviembre fue sentenciado a 5 años de prisión.
Por otro lado, el caso judicial del desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, también ha generado gran atención. El año pasado, fue declarado culpable por su implicación en lavado de dinero y violaciones de sanciones, y actualmente espera sentencia, que podría ser de hasta 5 años de prisión.
El cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, expresó recientemente su apoyo a Roman Storm, señalando que herramientas de privacidad como Tornado Cash son una línea de defensa necesaria contra la explotación de datos, y que no se debe criminalizar a los desarrolladores solo por la función de privacidad de su software.