Prospera, la ciudad experimental hondureña creada para operar como un territorio autogobernado dentro del país, enfrenta ahora una incertidumbre renovada tras la victoria presidencial de Nasry Asfura. El proyecto fue establecido originalmente bajo el mandato del expresidente Juan Orlando Hernández, durante cuyo gobierno se aprobó el marco legal que permite zonas económicas autónomas. Sin embargo, el panorama político de Honduras ha cambiado significativamente desde entonces, planteando nuevas dudas sobre el estatus a largo plazo de la ciudad.
La base legal de Prospera se sustentó en la ley de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), que permitía que áreas designadas funcionaran con sus propios sistemas políticos, judiciales, económicos y administrativos, manteniéndose formalmente bajo soberanía hondureña. Sin embargo, este marco fue posteriormente cuestionado por el gobierno siguiente, y la Corte Suprema de Honduras declaró inconstitucional la ley ZEDE por mayoría de votos. A pesar de la sentencia, el tribunal aún no ha aclarado cómo se tratarán en adelante las zonas ya operativas como Prospera.
Respaldada por inversores estadounidenses, Prospera aprovechó su estatus autónomo para implementar políticas distintas al resto de Honduras, incluyendo la adopción de bitcoin como moneda de curso legal y el establecimiento de un régimen fiscal alternativo. En respuesta a amenazas legales contra su marco, la ciudad presentó una disputa ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, buscando miles de millones de dólares en daños y perjuicios.
Vínculos políticos y apuestas de inversión complican el panorama
La administración de Asfura podría adoptar un enfoque diferente respecto a Prospera en comparación con el gobierno anterior. Conocido por apoyar la inversión privada, el desarrollo de infraestructura y un papel más fuerte para las empresas multinacionales en Honduras, Asfura ha sido visto por algunos como potencialmente favorable a proyectos como Prospera. Las conexiones de la ciudad con destacados inversores estadounidenses, como Peter Thiel de Palantir y el capitalista de riesgo Marc Andreessen, quienes mantienen vínculos con el presidente Donald Trump, añaden otra dimensión geopolítica a la situación.
Aún así, Asfura no ha aclarado públicamente su posición respecto a Prospera. La falta de una postura clara deja en suspenso miles de millones de dólares en inversiones y proyectos de infraestructura. Hasta que el gobierno defina formalmente su estrategia respecto a las zonas ZEDE, el futuro de Prospera sigue siendo incierto, suspendido entre la ambigüedad legal, el cambio político y la arbitraje internacional.