Cuando Donald Trump declaró el 2 de abril del año pasado como “Día de la Liberación”, inició una de las expansiones arancelarias más agresivas en la historia moderna de Estados Unidos. Basándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA), Trump impuso tarifas compensatorias generalizadas a numerosos socios comerciales importantes, argumentando que el déficit comercial persistente constituía una emergencia nacional. Esta medida ignoró al Congreso y rápidamente alteró el comercio global.
Casi un año después, el 20 de febrero, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó esa autoridad con una decisión de 6–3, afirmando que la IEEPA no permite al presidente imponer aranceles. El juez principal John Roberts enfatizó que esta ley no otorga tal poder, lo que invalidó varias tarifas, incluyendo el impuesto del 25% a bienes de Canadá y México, así como los aranceles ampliados a China.
La decisión tuvo repercusiones políticas en Illinois, donde el gobernador JB Pritzker solicitó la devolución de 8,68 mil millones de dólares, argumentando que las familias habían sufrido daños por unos impuestos ahora considerados inconstitucionales.