PwC ha informado que solo alrededor de un tercio de las instituciones financieras europeas esperan estar listas para el paquete de Lucha contra el Blanqueo de Capitales de la Unión Europea para la fecha límite de julio de 2027, según conclusiones basadas en respuestas de más de 500 instituciones en 40 países. La encuesta pone de relieve una brecha cada vez mayor entre la ambición regulatoria y la preparación operativa, ya que dos tercios de las instituciones están en riesgo de no cumplir el calendario de implementación. Los niveles de preparación varían entre jurisdicciones y sectores a medida que la UE avanza hacia un único libro de reglas y una supervisión centralizada a través de la nueva Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales.
La encuesta indica que los niveles de preparación siguen siendo desiguales pese al avance regulatorio. Gianfranco Mautone, Socio en PwC Suiza, dijo: “La brecha en las expectativas de supervisión es cada vez más pronunciada”.
Esta divergencia crea desafíos para las empresas que operan a través de fronteras, donde diferentes enfoques regulatorios requieren marcos de cumplimiento paralelos. A medida que avanza la armonización dentro de la UE, las instituciones deben alinear sus procesos internos con los estándares en evolución. La brecha de preparación refleja la magnitud de los cambios necesarios, particularmente en áreas como la presentación de informes, la supervisión y la gestión de datos.
La debida diligencia con el cliente ha surgido como un desafío operativo central. Alrededor del 40% de las instituciones consideran que los requisitos de CDD se basan demasiado en reglas, creando cuellos de botella en los procesos de incorporación y monitoreo.
La expansión de los requisitos de datos expone brechas en los sistemas existentes, especialmente cuando la información debe recopilarse, verificarse y mantenerse a través de múltiples canales. Estos procesos pueden volverse intensivos en recursos, especialmente para las empresas que gestionan grandes volúmenes de clientes. Más de la mitad de las instituciones esperan una disrupción operativa significativa, lo que indica que la infraestructura actual podría no ser suficiente para cumplir con los nuevos requisitos sin cambios sustanciales.
Aproximadamente un tercio de las instituciones anticipa que los costos de cumplimiento aumentarán entre un 10% y un 30% en los próximos años. Estos incrementos reflejan la inversión en sistemas, personal y procesos necesarios para cumplir con los nuevos estándares. La carga de costos afecta tanto a las empresas grandes como a las más pequeñas, aunque el impacto podría ser más pronunciado para las instituciones con recursos limitados. Los costos en aumento también influyen en decisiones estratégicas, incluida la posibilidad de crear capacidades internas o recurrir a proveedores externos para funciones de cumplimiento.
La encuesta muestra que el 61% de los bancos y el 57% de las firmas de gestión de activos y de patrimonio planean introducir nuevas tecnologías en la supervisión de transacciones. La inteligencia artificial y el análisis avanzado se ven como herramientas para mejorar la detección y la eficiencia.
Sin embargo, la calidad de los datos sigue siendo una barrera importante. La mayoría de las empresas cita problemas con la gobernanza y la consistencia de los datos, lo que limita la efectividad de las soluciones tecnológicas. Michael Weis, Líder de Lucha contra el Delito Financiero en PwC Luxemburgo, dijo: “La prueba clave será si las empresas pueden traducir el nuevo libro de reglas en modelos operativos escalables respaldados por sólidos fundamentos de datos y tecnología.”
Sin datos confiables, los sistemas de IA no pueden ofrecer resultados precisos, reduciendo los beneficios potenciales de la automatización. Esto crea una dependencia entre la infraestructura de datos y la adopción de tecnología.
La confianza en los marcos existentes de Lucha contra el LA/FT varía significativamente según la región. Dentro de la UE, las expectativas son más altas debido a las reformas regulatorias en curso, mientras que fuera del bloque, los niveles de confianza son más bajos. Entre los aseguradores, solo el 7% considera efectivos los marcos actuales de Lucha contra el LA/FT. Los bancos y los gestores de activos fuera de la UE también reportan baja confianza, lo que refleja diferencias en el desarrollo y la aplicación de la regulación.
Esta disparidad crea complejidad adicional para las empresas que operan en múltiples jurisdicciones, donde los estándares y las expectativas de cumplimiento difieren.
Los hallazgos indican que las empresas enfrentan un doble desafío: cumplir con los nuevos requisitos regulatorios y, al mismo tiempo, mantener la eficiencia operativa. La magnitud de la transformación requerida afecta a los sistemas, los procesos y las estructuras organizativas. Las instituciones deben abordar los problemas de calidad de datos, invertir en tecnología y rediseñar los flujos de trabajo para alinearlos con el nuevo marco de Lucha contra el LA/FT. Si no lo hacen, podrían producirse retrasos, mayores costos y posibles sanciones regulatorias.
Al mismo tiempo, el cambio hacia un marco único de la UE introduce oportunidades para la estandarización, lo que podría simplificar el cumplimiento a largo plazo. El resultado dependerá de qué tan efectivamente las empresas gestionen la transición, en particular en áreas donde las limitaciones operativas se cruzan con las expectativas regulatorias.