Autor original: Tonya M. Evans
Traducido por: Odaily Planet Daily Golem
El 19 de febrero, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) publicó una nueva sección de preguntas frecuentes que aclara cómo deben manejar los corredores y dealers los stablecoins de pago según las reglas de capital neto. Posteriormente, la presidenta del grupo de trabajo de criptomonedas de la SEC, Hester Peirce, emitió una declaración titulada “Con una rebaja del 2% basta”.
Peirce afirmó que, si los corredores y dealers aplican una “rebaja del 2%” en sus posiciones propias de stablecoins calificadas en lugar de una rebaja punitiva del 100% al calcular el capital neto, el personal de la SEC no objetará.
Aunque esto puede parecer algo técnico y difícil de entender, este ajuste contable podría ser una de las medidas más influyentes desde que la SEC comenzó a suavizar su postura hacia las criptomonedas a principios de 2025, con el fin de integrar de manera efectiva los activos digitales en el sistema financiero convencional.
Capital neto mínimo y rebaja
Para entender el contexto, primero debemos comprender qué significa “rebaja” en el ámbito de los corredores y dealers.
Según la regla 15c3-1 de la Ley de Valores, los corredores y dealers deben mantener un capital neto mínimo, o más precisamente, un colchón de liquidez, para proteger a los clientes en caso de dificultades financieras. Al calcular este colchón, la empresa debe aplicar “pérdidas por deterioro de activos” a sus diferentes activos en libros, reduciendo su valor contable para reflejar el riesgo. Por ello, los activos con mayor riesgo o mayor volatilidad reciben una rebaja mayor, mientras que el efectivo no.
Anteriormente, algunos corredores y dealers aplicaban una rebaja del 100% a los stablecoins, lo que significaba que estas participaciones no se contabilizaban en absoluto en su cálculo de capital. Esto resultaba en costos excesivos para mantener stablecoins, dificultando la sostenibilidad financiera de las instituciones reguladas.
La rebaja del 2% ahora cambia radicalmente este enfoque, colocando a los stablecoins de pago en igualdad de condiciones con fondos del mercado monetario que contienen activos subyacentes similares (como bonos del gobierno, efectivo y bonos gubernamentales a corto plazo).
Como señaló Peirce, bajo la Ley GENIUS, los requisitos de reserva para emitir stablecoins son en realidad más estrictos que los requisitos de “valores calificados” para fondos del mercado monetario registrados (incluidos los fondos del mercado monetario gubernamentales). En su opinión, considerando los activos de respaldo reales, una rebaja del 100% sería demasiado severa.
Esto es crucial porque los stablecoins son los “pilares” de las transacciones en cadena. Son la forma en que el valor circula en la blockchain y también impulsan las operaciones de liquidación y pago.
Si los corredores y dealers no pueden mantener estos tokens sin agotar su capital, no podrán participar eficazmente en el mercado de valores tokenizados, ni facilitar la creación de productos de inversión en tokens (ETP), ni ofrecer servicios integrados de criptomonedas y valores que cada vez demandan más las instituciones.
La declaración de “rebaja del 2%” llega en el momento oportuno
Anunciar la “rebaja del 2%” en este momento es muy relevante.
El 18 de julio de 2025, el presidente Trump firmó la Ley GENIUS, que creó el primer marco federal integral para stablecoins de pago. La ley establece requisitos de reserva, procesos de autorización y mecanismos regulatorios para las emisoras de stablecoins, integrándolas en un marco regulatorio que distingue claramente los stablecoins de otros activos digitales.
Actualmente, la FDIC está implementando un proceso de solicitud para que las instituciones de depósito puedan emitir stablecoins a través de sus filiales. La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) también está desarrollando su propia estructura. En resumen, las agencias regulatorias federales trabajan contrarreloj para definir las reglas clave antes de la fecha límite de julio de 2026.
Las declaraciones de Peirce y las preguntas frecuentes relacionadas cierran efectivamente la brecha entre el marco legislativo de la Ley GENIUS y las reglas internas de la SEC.
La definición de “stablecoin de pago” en las FAQs mira hacia el futuro: antes de la entrada en vigor de la Ley GENIUS, se basa en estándares regulatorios estatales existentes, como licencias de transferencia de dinero estatales, requisitos de reserva conforme a la ley y informes mensuales de auditoría de firmas contables registradas. Después de la implementación de la ley, esa definición cambiará para alinearse con los estándares del propio marco legal.
Este enfoque de doble vía permite a los corredores y dealers comenzar a tratar los stablecoins como instrumentos de negociación legítimos sin esperar a la plena implementación de la Ley GENIUS.
Peirce también afirmó que las directrices del personal son solo el comienzo. Invitó a los participantes del mercado a ofrecer comentarios sobre cómo modificar formalmente la regla 15c3-1 para incluir los stablecoins de pago y solicitó opiniones sobre otras reglas de la SEC que puedan necesitar actualización. Este proceso de consulta pública indica que la Comisión no solo busca responder a una FAQ puntual, sino integrar los stablecoins de manera más sistemática en su marco regulatorio.
Políticas que afectan la precisión de la supervisión
Desde la creación del grupo de trabajo de criptomonedas en enero de 2025, bajo la dirección del acting chair Mark Uyeda, la SEC ha ido dejando atrás gradualmente un enfoque centrado en la aplicación estricta, que predominó durante la era del ex presidente Gary Gensler.
Por ejemplo, la SEC publicó directrices sobre la custodia de activos criptográficos por parte de los corredores, aclarando que los valores en criptomonedas no necesitan cumplir con requisitos de control en papel, permitiendo a los corredores facilitar la creación y redención de ETP físicos, y explicando cómo los sistemas alternativos de negociación apoyan el comercio de pares de criptomonedas.
Además, la sección de FAQs que incluye la guía sobre stablecoins se ha convertido en un recurso integral, cubriendo desde las obligaciones de los agentes de transferencia hasta la protección (o la falta de ella) de los activos no valores por parte de la SIPC.
Para el sector financiero tradicional, estas medidas tienen un impacto y una influencia muy significativos:
Para los inversores comunes, especialmente aquellos que han sido ignorados por los servicios financieros tradicionales, el impacto posterior también es importante. El FMI ha señalado que los stablecoins han demostrado ser útiles en pagos transfronterizos, instrumentos de ahorro en mercados emergentes y canales de participación financiera más amplios.
Cuando las instituciones reguladas puedan mantener y negociar stablecoins sin enfrentar multas de capital exorbitantes, más servicios de este tipo podrán ofrecerse a través de canales confiables y regulados, en lugar de plataformas offshore no reguladas con mayor riesgo para los consumidores.
Las fricciones entre el gobierno federal y los estados continúan
Por supuesto, todo esto no sucede en aislamiento. Existen fricciones entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. El calendario de implementación de la Ley GENIUS es muy apretado. Las autoridades estatales deben completar la certificación de sus marcos regulatorios antes de julio de 2026.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha planteado aún cuestiones pendientes sobre protección contra fraudes a los consumidores. La interacción entre reguladores federales y estatales inevitablemente generará tensiones. Además, la legislación más amplia que busca definir qué activos digitales son valores y cuáles son commodities aún está pendiente en el Senado.
Por lo tanto, esa rebaja del 2%, por pequeña o confusa que parezca, tiene un significado más profundo: las autoridades regulatorias federales están ajustando activamente sus reglas para incluir los stablecoins como instrumentos financieros funcionales, y no solo como elementos marginales.
Si estos ajustes podrán mantenerse al ritmo del mercado y si la implementación de la Ley GENIUS cumplirá sus promesas, aún está por verse. Pero en el proceso de transición de una postura hostil a una integración regulatoria, es precisamente este trabajo técnico, a menudo invisible, el que determinará si las políticas se traducen en realidad.
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